Por la Dra. en Ciencia Política Teresa Martínez Guerrero
La presente contribución pretende dar cuenta de algunos elementos útiles para el análisis en torno a las elecciones en México del presente año. Uno de las cuestiones relevantes a considerar es el de las candidaturas independientes, resultado de la modificación a la legislación en materia electoral en 2012. Frente a la pérdida de legitimidad por parte de las instituciones políticas del Estado mexicano se vuelve indispensable pensar, diseñar y hacer efectivos mecanismos de recomposición sociopolítica, de allí que, una de las apuestas tendría que estar en el sentido de construir poder ciudadano para la configuración democrática de los poderes públicos, y una de las vías es la participación popular más allá de los partidos políticos.
2018 se presenta ante nosotros como una coyuntura importante para poner a prueba la cultura política ciudadana y la capacidad de asumir la responsabilidad de elegir a nuestros representantes populares. El escenario político nacional es de una alta complejidad: violencia, inseguridad, empoderamiento del narcotráfico, creciente precarización de la vida, corrupción y poca confianza ciudadana en la clase política y, por último pero no menos importante, los saldos sociales y políticos del sismo del 19 de septiembre de 2017. En ese contexto, el próximo 1 de julio se llevará a cabo una jornada muy importante en la que se elegirán Presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, además de 2,818 autoridades locales entre las que se cuentan las de la Ciudad de México: un nuevo jefe de gobierno, 33 diputados de mayoría relativa y 33 de representación proporcional para renovar la Asamblea Legislativa, 16 alcaldías y 160 cargos de concejales.
Ante la exigencia social por democratizar el sistema político, se ha institucionalizado una práctica cada vez más extendida: la existencia y participación formal de “candidatos independientes”, es decir, ciudadanos que no están adscritos a ningún partido político y que buscan, a través del voto, algún cargo de elección. En ese sentido, en 2012 se aprobó una reforma electoral en la que se institucionalizó la figura de “candidato independiente”; no obstante, fue hasta 2014 cuando se acordaron las normas que abrieron realmente el camino a los ciudadanos que aspiraban a una candidatura y no contaban con el respaldo de un partido político.
De acuerdo con el portal del Instituto Nacional Electoral (INE), entre los requisitos para acceder a una candidatura independiente están el constituir una asociación civil, abrir una cuenta bancaria y registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Posteriormente, y tras lograr el registro como aspirante a candidato, los interesados deben reunir el apoyo de un porcentaje (1% de la lista nominal de electores para quienes contienden por la presidencia; y 2% de la lista nominal de electores de la demarcación para quienes aspiran a una senaduría o diputación o autoridad local) del total de la ciudadanía inscrita en el padrón de la localidad que buscan ganar, es decir, de la entidad federativa o bien, de la federación. El plazo del Instituto Nacional Electoral (INE) para que aspirantes obtengan las firmas concluye el 19 de febrero. Cumplido el plazo y con las firmas requeridas, los postulantes obtienen su candidatura y compiten en las elecciones con los abanderados de partidos y coaliciones.
Gracias a esos cambios en la ley se presentaron 509 aspirantes a candidatos independientes en total, entre diputados federales, locales, gobernadores y presidentes municipales. Quienes aspiran a la Presidencia de la República deberán recabar 866,593 firmas, equivalentes al 1% de la lista nominal de electores, distribuidas en 17 entidades federativas. De acuerdo con datos preliminares publicados por el INE, hasta el 16 de febrero, los aspirantes a candidatos a la Presidencia de la República que más firmas han obtenido son: Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (1955257), Armando Ríos Piter (1595736), Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (1507935), Edgar Ulises Portillo Figueroa (1022015) y, muy atrás, María de Jesús Patricio Martínez, candidata indígena conocida como “Marichuy”, (252972). Son resultados preliminares porque aún falta que el INE valide las firmas y emita los nombramientos de candidatos, el 19 de febrero se cierra el proceso de recepción de firmas.
Ahora bien, son muchos los problemas que enfrentan los candidatos ciudadanos y que han desatado debates por no estar en las mismas condiciones que los candidatos de partidos políticos. Uno de los mayores temas a debate ha sido el del financiamiento público porque, aunque los candidatos independientes tienen derecho a recibirlo, la ley considera al conjunto de candidatos como un partido político de recién registro, es decir, con mucho menos presupuesto que los demás; es decir, todos los candidatos independientes que participen para los distintos cargos de elección popular pueden acceder a la parte igualitaria del financiamiento público muy bajo. Este asunto ya fue manifestado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014.
Sobre ese mismo tema se ha discutido que los candidatos independientes no pueden recibir aportaciones de dinero en efectivo como lo hacen los partidos políticos. La respuesta de la Suprema Corte fue en el mismo sentido argumentando que los candidatos independientes no tienen una permanencia en elecciones subsecuentes como los partidos políticos, por lo que la fiscalización periódica no es posible. Finalmente, la Corte señaló que los candidatos independientes deben evitar a toda costa el uso de recursos cuya identificación sea compleja para efectos del proceso de fiscalización.
Desde luego, el financiamiento no es el único problema que enfrentan los aspirantes a candidatos independientes, otro sería el acceso y uso de la tecnología por parte de la población, pues existe algo llamado “brecha digital”, sólo poco más de la mitad de la población tiene acceso a internet. Lo anterior representa un problema porque las firmas deben ser recabadas por medio de una aplicación para teléfonos móviles inteligentes. Esta medida deja de lado algunas consideraciones que potencialmente terminan por excluir a un número importante de mexicanos, en especial de los sectores vulnerables.
De acuerdo con José Merino, en un informe presentado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, titulado “Derechos digitales en México: ganadores y perdedores de la Reforma en Telecomunicaciones”, en 2015 sólo el 57.4% de los mexicanos contaban con acceso a internet. Sin embargo, es significativo que este porcentaje varía significativamente según la entidad federativa de que se trate, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Tlaxcala son los que más personas sin conexión tiene y son, además, los que presentan mayores índices de pobreza. En contraste, la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora y Baja California son las cinco entidades más conectadas.
El problema, como se ve, no sólo es de conexión, sino que el uso de las herramientas tecnológicas, como internet, es ya una tendencia para permitir el ejercicio de algunos derechos políticos fundamentales. Esto nos coloca en posición de preguntarnos si realmente se trata de un ejercicio para el fortalecimiento de la democracia o no, pues deja fuera por lo menos a la mitad de la población, a la más vulnerable económica y socialmente.
Lo expuesto anteriormente nos deja al menos tres ideas presentes:
1. En lo relativo al financiamiento, los candidatos independientes se enfrentan a una situación de inequidad pese a las medidas adoptadas por el INE, es difícil que compitan con los candidatos de los diferentes partidos de manera equitativa con menos presupuesto.
2. El uso obligado de herramientas tecnológicas como la aplicación diseñada para teléfonos inteligentes, a través de la cual se recabaron las firmas para obtener el nombramiento de “candidato independiente”, dificulta la obtención de dicho nombramiento. Además de que excluye de la participación a la parte más empobrecida de la población, que representa, al menos, a la mitad de esta.
3. Finalmente, el país y, en particular para quienes habitamos la Ciudad de México, el tema de la reconstrucción luego del tremendo sismo del año pasado, pone a los candidatos e Jefe de Gobierno en obligación de contemplar a esa parte dañada del electorado.
Es imprescindible la participación ciudadana en y más allá de las instituciones si se quiere avanzar en la democratización del sistema político, por ello es imperativo revisar los mecanismos establecidos para tal efecto y valorar críticamente sus alcances y limitaciones.
La democracia es impensable si se parte del principio de exclusión y desigualdad, ¿lo sabrá el Instituto Nacional Electoral?
La Dra. en Ciencia Política Teresa Martínez Guerrero es
columnista e instructora en activo del Colegio de Derecho
y Comunicación
Fuentes Referenciales:
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