La responsabilidad civil en la política de movilidad: Ciudad de México. (Parte 2)

Por la E.D.E. Italia Laura Terrón López


El programa general de desarrollo urbano de la ciudad de México, es el instrumento que determina la política, estrategia y las acciones del desarrollo urbano, pero no responde problemáticas de responsabilidad civil en la cultura de movilidad, aun cuando existe un Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI), éste, únicamente reproduce los preceptos fundamentales del programa denominado –Visión Cero accidentes-, ninguna vida pérdida es aceptable, es decir, manifiesta una responsabilidad compartida, entre ciudadano y Estado, al ser corresponsables de procurar la vida humana en las calles, pero, sin generar o implementar mecanismos que reduzcan riesgos, como la supervisión de las concesiones al servicio de transporte público, y consecuentemente, sus unidades y operadores.
Se tiene únicamente como respuesta a los hechos de tránsito, provocados por vehículos del transporte público, la obligación de contratar el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que, muy pocos conductores la tienen, (entiéndase: choferes; taxistas; micro buseros; incluso concesionaros), y, en muchas ocasiones, resultan ser seguros o aseguradoras inexistentes, ficticias o falsas, circunstancias que no generan una sanción por parte de las autoridades, aunque la ley de movilidad y el reglamento de tránsito del Distrito Federal, en sus artículos 72 y 46 respectivamente, establecen su obligatoriedad.
Resulta complejo el actuar de las autoridades, para quienes han sufrido las consecuencias de un hecho de tránsito y buscan el pago de los daños, al no existir un procedimiento definido de actuación, por parte de todos los intervinientes: aseguradoras, responsables de la vía, conductores, operadores de servicio público. Incluso, se identifican, limitaciones en cuanto a la capacitación de todos los profesionales que intervienen en la atención tras un «accidente» vial, aunque los artículos 53, 54 y 55 del reglamento de tránsito, establecen las acciones que deben llevar a cabo los involucrados en caso de ocurrir un hecho de tránsito; y en su artículo 58 determina el proceder de los agentes en esa situación. Sin embargo, estos procedimientos, no se realizan.
Surgiendo cuestionamientos, como: ¿Qué debo hacer ante un hecho de transito? ¿Cómo debo solicitar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados?, en este ámbito, cabe destacar que, en México, se consideran reparables los daños y perjuicios que se generen como consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de una obligación, [relación de causa a efecto entre el hecho y el daño], sin embargo, el problema radica en determinar en cada caso cuál de todos los acontecimientos es la causa inmediata del hecho.
En otras palabras, los daños y perjuicios deben ser consecuencia directa e inmediata del hecho origen de la responsabilidad, esto es, para estimar que un daño es consecuencia de una causa, debe existir un nexo lógico de causa a efecto que constituya la base de la responsabilidad.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1994), determino que: “si bien es cierto que el contratante que falte al incumplimiento del contrato será responsable de los daños y perjuicios que cause al otro contratante, cierto es también que se requiere la relación entre causa y el efecto, esto es, que, demostrado el incumplimiento de las obligaciones, se debe probar que tal incumplimiento origino los daños y perjuicios para que proceda la condena de los mismos”.
Encontrando, que, dentro de las obligaciones en materia de movilidad, se observa una ineficacia en la supervisión y control sobre las concesiones y concesionarios en la prestación del servicio de transporte público, resulta también, nula, la calidad de la infraestructura política y normativa de los distintos medios de transporte y, de los espacios para el ejercicio del derecho de movilidad.
Esto, no exenta las graves violaciones, [deficiencias que repercuten en un incumplimiento reiterado y generalizado de las obligaciones], como son:
• Ausencia de evaluaciones técnicas sobre el desempeño de los prestadores del servicio de transporte público.
• Falta de previsiones para revocar la concesión en caso de incumplimiento.
• Inexistencia del control sobre mecanismos que generen especulación comercial, [resultando válido sobrepasar el límite permitido de pasajeros, buscando beneficio económico, no sustentabilidad].
• No existen, mecanismos para la rendición de cuentas, especialmente para esquemas de concesiones por asociaciones público-privadas.
Deficiencias, que, acompañadas de las carencias en infraestructura vial han provocado tragedias humanas, al no garantizar la debida accesibilidad a sistemas de transporte público seguro y responsable, (relación de causalidad en la responsabilidad contractual).
Debe valorarse, el concientizar, a los principales actores en la política de movilidad, como lo es, el concesionario; el chofer de la unidad de transporte público; el supervisor de ramal; las asociaciones dedicadas al transporte público, por nombrar algunas de ellas, sobre la culpa en la responsabilidad civil subjetiva, al existir un hecho que se ejecuta ya sea con dolo, imprudencia, negligencia, falta de previsión o de cuidado, [sea intencional o no intencional], pero que resulta en una conducta ejecutada, es decir, es un acto que debiendo prever el daño no se hace. En otras palabras, existe responsabilidad de conducir un vehículo automotor, como el ceder este derecho aún tercero, concesionario.
Un elemento que contribuye, es el factor cultural indispensable para implementar la política de movilidad sustentable, que debe ampliar el espectro de impacto de los programas que atienden necesidades específicas, para superar la crisis de movilidad que enfrenta la ciudad de México a través de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y bases de servicio del sistema de transporte público, que resultan insuficientes, descuidados, congestionados e inseguros. Generando distorsiones, tanto en los modos de transporte como en la forma de responder por parte de la red vial ante situaciones cotidianas, como lo son –los hechos de transito-, que son resultado de un descuido o negligencia.
Es difícil encajar la negligencia o descuido en un caso que implique al transporte público, sin embargo, debe considerarse que del sistema jurídico se desprende que es de interés público [el reglamento de tránsito], según el cual, todo conductor de vehículo automotor debe proceder con diligencia y cuidado, por lo tanto, todo hecho del hombre que cause daño a otro violando esta regla general de conducta, se obliga a la reparación del daño causado.
Cabe mencionar que, doctrinariamente, la culpa extracontractual –aquiliana-, comprende hechos ilícitos, en tanto, la culpa contractual, se refiere a hechos ilícitos que implican el incumplimiento de las obligaciones en general. Por consecuencia, si, el Código Civil Federal reconoce y distingue la culpa del dolo, especialmente en el caso de responsabilidad en materia de movilidad sustentable, está, claramente se relaciona con el elemento culpa y el elemento ilicitud, al encontrarse frente a un –riesgo creado-, es decir, es una conducta socialmente reprochable.
Entendiendo por daño, la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación (artículo 2108 del Código Civil Federal), siendo consecuencia inmediata y directa los perjuicios. Así, debemos relacionar la idea de menoscabo con el derecho, al producir una violación a una norma jurídica y el surgimiento de la responsabilidad de una persona, al recaer sobre el patrimonio, ya sea en forma directa sobre las cosas que lo componen o indirecta como consecuencia o reflejo de un daño causado a la persona misma, en sus derechos o facultades.
Así, nace el daño patrimonial indirecto, en los derechos o facultades de la persona, (conocidos como daños morales), por ejemplo, los gastos realizados para la curación de lesiones corporales, la pérdida de ganancias –lucro cesante-, la incapacidad para ejecutar un trabajo, mientras, el daño patrimonial directo, -son los daños materiales-, sobre las cosas o bienes económicos deteriorados o destruidos.
Sin dejar de lado, que el daño debe valorarse a partir de la acción u omisión de cualquiera de las formas de incumplimiento [el chofer del transporte público conducía a exceso de velocidad sin respetar señales de tránsito, como semáforos], es decir, se trasgrede la norma jurídica, o bien, se da un incumplimiento defectuoso o tardío [esquiva o frena para evitar impacto], pero el mero incumplimiento no es fuente de la obligación de reparar, es necesario que la transgresión contractual traiga consigo el daño [sufrió el transeúnte/hombre/mujer un traumatismo en el cráneo; falleció en el trayecto al hospital; le fue amputado el brazo derecho]. Por consecuencia, si no existe el daño, que comprenda también el perjuicio, aun cuando exista dolo, para el derecho civil no existe responsabilidad.


La E.D.E. Italia Laura Terrón López
es columnista e instructora en activo para el
Colegio de Derecho y Comunicación
Fuentes Referenciales:
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LOS DERECHOS QUE NO HAY QUE OLVIDAR

Por el MDC y LLM Héctor Ucha Gómez

 
Estimado lector, sabe usted ¿Qué son los derechos humanos?, los derechos humanos son aquellos derechos que todo individuo tiene por la simple razón de ser persona, estos derechos están protegidos y garantizados por la constitución y el Estado tiene la obligación de proteger por medio de las garantías constitucionales (antes llamadas garantías individuales).
 
Estimado lector permítame decirle que toda persona es titular de un catálogo de derechos que encuentran fundamento es su propia condición de persona humana con dignidad y valor social. Estos derechos se van a identificar con el conjunto de libertades y prerrogativas básicas y mínimas que se requieren para vivir y alcanzar un desarrollo individual y social óptimo. Estos derechos son los derechos humanos o Derechos Fundamentales.
El estudio de los derechos humanos – con un interés o visión general o global y no como parte de los miembros de un Estado – se generó en los años posteriores a la segunda guerra mundial y desde entonces ha sido una preocupación constante para la doctrina y la jurisprudencia.
Los derechos en comento están dentro de un listado o catálogo de derechos humanos, cuando están reconocidos en los dispositivos normativos constitucionales se le llama Derechos Fundamentales.
Los derechos humanos constituyen prerrogativas del hombre, como miembro de la especie humana; son los derechos que el hombre posee por su propia naturaleza y dignidad, motivo por el cual se ha señalado que estos derechos pueden llamarse “derechos naturales’ o “‘derechos originales”.
Para Navarrete Montes de Oca estos derechos pueden ser considerados “como el conjunto de atributos y facultades inherentes a la naturaleza de la persona humana —reconocidos o no por la ley—, que requiere para su pleno desarrollo personal y social”.
Para Arévalo Álvarez, “los derechos humanos, en el sentido objetivo, son normas de derecho público constitucional, es decir, de la más alta jerarquía jurídica, que protegen ciertos bienes jurídicos fundamentales que se consideran inherentes a la personalidad humana y cuya identificación y precisión son producto histórico del desarrollo de la conciencia humana y la organización social”, mientras que en el sentido subjetivo “son las facultades que esta clase de normas otorgan a los titulares para que exijan de los obligados el cumplimiento de las obligaciones correspondientes”.2
En la práctica jurídica ordinaria el Poder Judicial de la Federación emitió una tesis donde conceptualiza a los derechos humanos como el conjunto de facultades, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente.
Los derechos humanos ostentan algunas características que no debemos olvidar como son: (i) imprescriptibles: no caducan con el paso del tiempo, (ii) inalienables: son individuales, no se pueden transferir, (iii) irrenunciables: no son renunciables, (iv) universales: son para todas las personas, (v) inviolables: están protegidos por las garantías constitucionales y son oponibles a los órganos del Estado, (vi) progresivos: por su naturaleza cambiante se actualizan en cada instante de la vida de las personas y finalmente (vii) interdependientes: el goce de unos derechos no excluye ni predispone el uso y goce de otros derechos. Los derechos se relacionan unos con otros.
La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 así como la reforma del mes Febrero del año 2014, permite identificar con meridiana claridad los derechos humanos expresamente reconocidos como tales en la propia Constitución.
En efecto el segundo párrafo del artículo 29 (suspensión de garantías) establece expresamente que no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Por obvias razones el derecho a la legalidad también se incluye entre aquellos derechos que no pueden suspenderse ni restringirse.
Con la reforma en comento se amplió el alcance de los derechos humanos, se derogan términos como “derechos constitucionales”, “garantías individuales” y “garantías sociales”, incluyéndose el término de Derechos Humanos y sus Garantías, de la misma se reconoce el dinamismo de los derechos humanos y humaniza la interpretación de la constitución en este sentido, privilegiando que la norma se aplique para favorecer y proteger a los ciudadanos en un sentido social, político y jurídico.
Estimado lector, en estos tiempos de cambios es muy importante que no olvide sus derechos humanos, estos derechos se han obtenido a través de muchos años de lucha en las trincheras, por favor úselos, téngalos en mente y cuando le sea necesario conseguir un abogado exíjale una visión integral del derecho que incluya un conocimiento amplio de la materia.
 
Finalmente se incorpora un concepto denominado pro personae o pro hominae que no es más que la aplicación de la norma constitucional en beneficio de la persona reconociendo su dignidad humana y la obligación del Estado en reparar el daño causado por el ejercicio inadecuado del poder público a los ciudadanos, la no discriminación por cuestiones de preferencia sexual y considero de las más importantes la obligación del Estado en dignificar a la persona humana dentro de la organización política y jurídica en la que se vive en sociedad.
 
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El M.D. en Derecho Corporativo Héctor Ucha Gómez
es columnista y representante del
Colegio de Derecho y Comunicación en los Estados Unidos.
LLM American Legal System.
 
Fuentes Referenciales:
 
1.- http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/ 2.- http://comunicacion.senado.gob.mx/ 3.-http://amparo-garantias-y-derechos-humanos.coedi.edu.mx/2011/08/cuales-son-los-derechos-humanos-que.html 4.- http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html 5.- http://www.youtube.com/watch?v=Tszz2BHPqC0, Derechos humanos y garantías individuales. 6.- Los derechos humanos y su protección por el Poder Judicial. http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/CST_2012/85660/85660.pdf 7.- 20 claves para conocer los derechos humanos. http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/2011/20clavesOK.pdf 8.- Sistema jurídico mexicano del poder judicial de la federación. http://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/documents/publicaciones/Sistema-Juridico-Mexicano.pdf 9.- Reformas constitucionales en materia de Amparo y Derechos humanos publicadas en junio de 2011. http://www2.scjn.gob.mx/red/constitución/TI.html 10.- Efectos de la reforma al artículo 1 constitucional, la importancia de los tratados en materia de derechos humanos. Alma de los Ángeles Ríos Ruíz, http://www.derecho.duad.unam.mx/amicus-curiae/descargas/num6/01.pdf 11.- CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en México, Ed. Porrúa, 4ª ed., México, 2011, págs. 759-971. 12.- CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en México, Ed. Porrúa, 4ª ed., México, 2011, págs. 1-21, del “CAPÍTULO PRIMERO” al punto “Universalidad y globalización”; pág. 44-80, del punto “6. Clasificación y tipos de derechos fundamentales” al punto “2. La rigidez constitucional”; págs. 103-115, del punto “III. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS” al punto “4. Derechos de los inmigrantes

La responsabilidad civil en la política de movilidad: Ciudad de México. (Parte 1)

Por la E.D.E. Italia Laura Terrón López

La Ciudad de México, día a día, está llena de episodios cruciales relacionados a la movilidad, muchos de los cuales se han perdido a lo largo de las múltiples noticias que presenta la prensa amarilla sobre -hechos de transito-, mientras que de otros apenas nos quedan testimonios parciales. Lo cierto es que no todos merecen llamarse «accidentes», son hechos causados por el factor humano, que, dejaron una huella significativa en la mente del colectivo social, pero son reducidos a titulares genéricos [Transporte público provoca; fallece mujer/hombre en accidente provocado por camionero; choque en autopista por `micros’ de la ruta; varios heridos en aparatoso accidente en la carretera], que concluyen dicha nota informativa con temas relacionados a la falta de capacitación de sus operadores, la facilidad de entregar concesiones y licencias, el descuido de los conductores e incluso el incumplimiento de los reglamentos de tránsito.
 
La movilidad de las personas a través de las urbes es un tema relevante de las agendas gubernamentales, por ser un aspecto que afecta la economía y a la propia sociedad, por ser un facilitador clave en la generación de oportunidades para alcanzar bienestar y calidad de vida, un claro ejemplo, lo establece la Constitución de la Ciudad de México (2017): “Bajo los principios de equidad social, igualdad, accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, continuidad, comodidad e higiene, se debe garantizar la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte que atiende a las necesidades sociales y ambientales”. 
En México por más de sesenta años, ha existido en los sistemas de transporte urbano, problemáticas, como; falta de infraestructura vial, modos de transporte, densidad de población e inseguridad [durante los trayectos y al llegar a los destinos].
En 2014 y 2015, respectivamente, al entrar en vigor la Ley de movilidad en la Ciudad de México y el nuevo Reglamento de Tránsito, se retomó el tema –transporte sustentable y equitativo-, a través de sus autoridades que han trabajado con diversas organizaciones internacionales, tales como; la Organización de Naciones Unidas (ONU) con la participación de la Organización Mundial de Salud (OMS), el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), Federación Internacional del Automovilismo (FIA), la embajada Sueca junto con la Agencia de transporte Sueca, por mencionar algunas, cuya finalidad se basa en garantizar a todas las personas que circulan por la ciudad, la eficiencia del transporte, la convivencia y la seguridad, mediante la integración del Programa Visión Cero (2015), que enarbola principios como:
• Responsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía. Al priorizar la sensibilización de la sociedad y la participación de los operadores del transporte público en un esfuerzo común por evitar comportamientos riesgosos, obteniendo una estrategia de seguridad vial integral.
• Reconoce la inevitabilidad de errores humanos. Hace énfasis en la responsabilidad de las autoridades de generar sistemas viales seguros, basados en la gestión de velocidad al cumplir la ley para garantizar la protección de la vida.
• La velocidad en las calles, el factor fundamental de consecuencias fatales que relaciona la incidencia con la pérdida de vidas humanas con implicaciones sociales y económicas.
 
La cultura de movilidad, es una meta asequible e implementada por ciudades al convertir un elemento crítico de la política pública, en una estrategia del desarrollo urbano, en otras palabras, la movilidad sustentable es adoptar nuevas metodologías y avances tecnológicos para construir sistemas de transporte que aporten beneficios al medio ambiente, el empleo y la salud pública, mediante la colaboración de la sociedad civil, la iniciativa privada y los operadores del transporte público.
Este enfoque de prevención, deja de usar la palabra «accidentes» como un suceso sorpresivo e inesperado que se produce, o resulta difícil de prever. Al enfatizar que un hecho fortuito, es un factor que, puede evitarse al hablar de hechos de tránsito, es decir, pueden prevenirse, a través de la planeación y diseño de la infraestructura de la ciudad; el reforzar la aplicación de la normativa vigente en materia de movilidad ; la promoción de acciones sociales y alianzas estratégicas para contar con testimonios de victimas de incidentes viales; y fortaleciendo a las autoridades responsables de la seguridad vial.
Es también importante señalar que jurídicamente existe una profunda diferencia entre caso fortuito o hecho fortuito, o bien, los casos de negligencia inexcusable, en los que se excluye la responsabilidad civil (Código Civil Federal), pero la razón parte al considerar a la misma, como la obligación que tiene una persona de indemnizar daños y perjuicios que ha causado, es decir, el fundamento del derecho de la responsabilidad civil es el principio general de derecho: el que causa un daño a otro tiene la obligación de repararlo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (2017) refiere en materia de reparación de daño, la protección de los derechos fundamentales, en el cual, el daño causado es el que determina la indemnización y se caracteriza por:
• Ser justa cuando no se limita con topes o tarifas.
• No será excesiva cuando sobrepase el monto suficiente para compensar a la víctima.
• Estar basada en la naturaleza y el monto del daño ocasionado, de manera que no implique un enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima.
• Una reparación integral.
A manera de colofón, y con fines prácticos que trataremos adelante, basta decir que, si bien doctrinariamente existen diferencias, en la práctica tienen relevancia más bien asuntos de reticencia o de hechos ilícitos relacionados a una conducta generada por una acción u omisión.



La E.D.E. Italia Laura Terrón López
es columnista e instructora en activo para el
Colegio de Derecho y Comunicación







Fuentes referenciales

Constitución de la Ciudad de México. Gaceta oficial de la Ciudad de México, 5 de febrero de 2017. Recuperado de http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf. Alejandra Leal Vallejo y Clara Vadillo Quesada. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (Octubre 2015). Visión cero: estrategia integral de seguridad vial en las ciudades. Recuperado de http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/vision-cero2.pdf Tesis de jurisprudencia: 1ª./J. 31/2017, Décima época, Semanario Judicial de la Federación, 21 de abril de 2017, bajo el rubro: Derecho fundamental a una reparación integral o justa indemnización. Su concepto y alcance. 

Las oportunidades del abogado en la actualidad

Por el MDC y LLM Héctor Ucha Gomez

 

Querido Lector cuando usted lea estas líneas el virtual Presidente electo tendrá ya algunos días en la palestra de la política mexicana. Por higiene mental y emocional obviare comentar o bien opinar del tenor de las precampañas y campañas presidenciales.
La elección ha pasado y ahora debemos ver hacia adelante.

Partiremos de la idea relativa al papel del abogado en los procesos de cambio y transformación de la sociedad mexicana. Sería irresponsable no mencionar que una parte importantísima de la necesidad de cambio y que se reflejó en las urnas, es resultado de la marcada desigualdad y deshumanización que impera en la aplicación de la justicia en nuestro país.
Pienso que la coyuntura que estamos viviendo hace que la profesión de abogado deba ser ejercida de una forma diferente, debe ser un ejercicio responsable y humano, estamos ante un momento de grandes transformaciones políticas, sociales y jurídicas que nos exigen cambios esenciales en el ejercicio de nuestra profesión. En la última década han existido cambios fundamentales al sistema jurídico nacional, no olvidemos las reformas en materia de derechos humanos, amparo, juicios orales en materia penal y mercantil, energética, laboral, por mencionar algunas que han venido a transformar el conjunto del sistema jurídico y desafortunadamente el gremio no ha estado totalmente a la altura.
No es suficiente conocer “ la ley” de nuestro país, tenemos la obligación de conocer lo que sucede en el ámbito internacional en todas las ramas del derecho, parece que aún no entendemos que el derecho también se ha globalizado, que no actualizarse genera una desventaja respecto a aquellos que ejercen la profesión con el apoyo del derecho internacional.
En estos tiempos la visión del abogado debe ser como la de un líder social que es consciente de las necesidades del colectivo, ante lo cual deberá ser un crítico de la realidad con sentido humano, actuar como un profesional con una profunda sensibilidad social y con un elevado sentido de la ética, la moral, la justicia, la paz y el respeto a los derechos humanos. Pienso que es momento de desarrollar un sentido más democrático de la profesión lo que generaría como consecuencia el hecho de ser inclusivos, sin que se permita dentro de ella ningún tipo de discriminación, todo ciudadano mexicano debe acceder a una forma de justicia.
Ya no podemos estar anquilosados y ser ajenos a los cambios sociales, tecnológicos, educativos, políticos y culturales que han influido de manera incuestionable en los últimos años en nuestro ordenamiento jurídico , debemos, sin cortapisas, aportar soluciones a los conflictos de la sociedad desde una nueva visión del Derecho, ligada a los Derechos Humanos, con una incorruptible solvencia moral y encaminados a la lucha por la justicia social, esto no es descabellado, es la idea toral de nuestra Constitución Política, liberal por naturaleza
Finalmente mencionar que estas líneas no tratan de criticar el ejercicio de los profesionales del derecho, valga decir que es una profesión que cada quien puede ejercerla como mejor lo considere; de lo que se trata es sembrar una conciencia ciudadana en el ejercicio de nuestra profesión, estableciendo necesariamente criterios de reflexión de cómo abordamos los abogados los planteamientos provenientes de una realidad que ya está en la puerta.

Aunado a lo anterior considero necesarísimo que el abogado enfoque su vocación y formación con una gran carga jurídica, política y social que le permita ser un protagonista de los procesos de transformación que se encuentran en marcha en nuestro país, con la finalidad de ser sensibles a las necesidades de la sociedad

Debemos reinventar la profesión y tomar nuestro lugar en la transformación que se aproxima para bien o para mal.

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El M.D. en Derecho Corporativo Héctor Ucha Gómez

es columnista y representante del

Colegio de Derecho y Comunicación en los Estados Unidos.

LLM American Legal System.

 

Fuentes Referenciales:

https://www.alainet.org/es/active/33669 mayansyperfectoabogados.wordpress.com Cartas a un Estudiante del Derecho. Miguel Carbonel

Aplicación y alcances del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones

Por la M.D. Alejandra Jiménez Cortés


Hay que iniciar señalando que derivado de la situación de conductas de antivalor evidenciadas por los medios de comunicación de forma masiva, la Secretaría de la Función pública consideró trascendente enfatizar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que impere invariablemente en los servidores públicos una conducta digna que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad. (Diario Oficial de la Federación, 2015)

Es por ello que el Protocolo de Actuación fue integrado con la intención de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y con el propósito de prevenir de conflictos de interés, así como fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno para el fortalecimiento de la ética y la integridad, valores que aunque utópicos son básicos para el manejo de recursos públicos.

El Protocolo tiene por objeto:

I. Expedir las reglas de contacto con particulares que deberán observar:

a. Los servidores públicos inscritos en el registro que lleva la Secretaría de la Función Pública de quienes participan en procedimientos de contrataciones públicas, así como en otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y

b. Los servidores públicos que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas en su trato con los superintendentes de construcción.

II. Establecer los mecanismos para que los particulares puedan formular un manifiesto de vínculos o relaciones, que tengan con servidores públicos de alto nivel y con los que están inscritos en el registro que lleva la Secretaría de la Función Pública de quienes participan en los procedimientos mencionados. (Secretaría de la Función Pública, 2017).


En este mismo orden de ideas, desglosemos un poco la integración del Protocolo para entender sus alcances; en primera instancia, tenemos a los sujetos obligados a acatar el mandato, los cuales son:

1. Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal inscritos en el registro que para tal efecto, lleva la Secretaría de la Función Pública, respecto que quienes participan en las contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, específicamente en su contacto con particulares.
Dicho registro en consultable por el público en general en el siguiente vínculo http://reniresp.funcionpublica.gob.mx.

2. Los servidores públicos que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas en su trato con los superintendentes de construcción

Consideremos ahora que, de acuerdo a los sujetos señalados, podría parecer que se tiene un control de todo aquel que participa en las contrataciones, prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de índole pública, sin embargo el ámbito de aplicación del Protocolo se constriñe a todos los procedimientos realizados al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), así como los actos relativos a las enajenaciones de bienes muebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN).

Es decir; que se excluyen los procedimientos realizados por parte de las Empresas Productivas del Estado (PEMX y CFE) al amparo de su propia normatividad, en donde se llevan a cabo contrataciones millonarias en diferentes tipos de moneda como los son Dólares, Euros y Yenes, pero por el momento dejemos este tema para seguir con nuestro análisis.

Es de máxima transcendencia enfatizar que la aplicación del Protocolo y sus reglas, se exige solo a actos derivados de los procedimientos referidos con anterioridad, en los que se tenga trato directo entre particulares y servidores públicos, luego entonces; todos los actos previos y posteriores a dichos actos como los son las juntas aclaraciones, presentaciones de ofertas, fallos, entre otros, ¿No son materia observable del Protocolo?, si y no, expliquemos.

Partamos de que los actos relacionados con las contrataciones, prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones señaladas con antelación a los cuales aplica el Protocolo son aquellos en los que se involucre un presupuesto que rebase las 300 veces el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), misma que de acuerdo a lo reportado por el INEGI en su portal oficial, tiene un costo de $80.60 pesos para el ejercicio fiscal 2018, por lo que estamos hablando de un importe de $24,180.00 pesos.

En segunda instancia, señalemos que la aplicación del Protocolo consiste en algunas actividades específicas como lo son la videograbación de reuniones, visitas y actos públicos, derivado del desarrollo de procedimientos al amparo de las mencionadas LAASSP, LOPSRM, LAPP y la LGBN, pero no solamente en los actos procedimentales que ya conocemos de dichos procesos, ya que de conformidad con los señalado en el Anexo Primero, numeral 2, fracción II del Protocolo, se deben realizar tales previsiones a partir de las autorizaciones o dictámenes previos para realizar los procedimientos de contratación y hasta la conclusión de los mismos, dejando fuera la firma y administración de los contratos que se formalicen, lo cual desde un punto de vista personal y profesional, es una etapa en la cual debe cuidarse el adecuado manejo de los recursos públicos y el contacto con los particulares con la intención de minimizar y erradicar el tema latente de la corrupción.

Sin menoscabo de lo señalado, debemos indicar que aún y cuando la aplicación del Protocolo es en casi todos los casos, ello derivado del importe a partir del cual se debe aplicar, el mismo instrumento señala que las videograbaciones de actos públicos se llevarán de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Contrataciones públicas al amparo de:
1.1. LAASSP, cuyo monto rebase el equivalente a 5 millones de UMAS. ($403,000,000.00 M.N.)
1.2. LOPSRM, cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de UMAS. ($806,000,000.00 M.N.)
1.3. LAPP, cuyo monto rebase el equivalente a 400 millones de Unidades de Inversión. ($2,406,917,600.00 M.N.)

2. En el otorgamiento y prórroga de concesiones, sin importar el monto.
3. No se requiere videograbar los actos siguientes:
3.1. En los que no exista contacto con particulares.
3.2. Reuniones, visitas y actos públicos en los procedimientos de licencias, permisos y autorizaciones.

Lo anterior no significa que no se lleve un control, pues de todas las reuniones con particulares aún y cuando estas no se videograben, debe levantarse una minuta firmada por los que ella intervinieron, además que la misma debe ser concertada de preferencia, por los medios de comunicación que provea la dependencia o entidad o en sus inmuebles, con el objetivo es que sea posible documentarlas, y además de ello, deberá darse notificación por escrito al Titular del Órgano Interno de Control que corresponda para que pueda participar en la respectiva reunión.

La minuta contendrá al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, así como los temas tratados. La minuta deberá integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviará al Titular del Órgano Interno de Control correspondiente, en un plazo no mayor a dos días hábiles contados a partir de su formalización.

De igual forma, por parte de los particulares, se podrá formular un Manifiesto en los procedimientos de contrataciones públicas, de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, por medio del vínculo electrónico https://www.gob.mx/sfp/articulos/sistema-del-manifiesto-de-vinculos-y-relaciones-de-particulares-con-servidores-publicos. El cual dicho sea de paso, no es obligatorio para los mismos, sin embargo es una acción encaminada a la concientización de la importancia del registro a efecto de optimizar la aplicación del Protocolo.


Ahora bien, podemos enfatizar que la intención de fortalecer el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, a través de la estricta aplicación de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, es la base en la que descansa la creación del Protocolo en análisis, el cual sienta un precedente respecto de acciones documentadas en los expedientes de los actos objeto del mismo.

No obstante lo anterior, su aplicación se podría ampliar a las Empresas Productivas del Estado, que como se hizo referencia, son un nicho en las contrataciones, permisos, concesiones y licencias bastante susceptible de actos de corrupción, mismos que escapan de la buena intención de la aplicación del Protocolo por razones desconocidas, ya que a la fecha de emisión del mismo ya era posible señalar un alcance más vasto.

En cada caso, existen reglas específicas que serían materia de un análisis individual por sus particularidades, sin embargo podríamos señalar que el objeto es tener completamente documentado el actuar de los servidores que intervienen en actos públicos con la participación de particulares, a efecto de que sea menos susceptible que pueda darse alguna conducta relacionada con la corrupción y para tal efecto, se toma en consideración incluso la utilización de videograbaciones, las cuales deben ser almacenadas en un dispositivo que físicamente formarán parte integrante del expediente correspondiente y podrá ser utilizado como elemento de prueba en un procedimiento para verificar la legalidad de los actos de quienes intervinieron en el acto preciso.

Lo cual, no puede ser considerado como un acto aislado pues, va directamente relacionado con la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, misma que tiene un alcance tanto para servidores públicos, como para particulares, derivado de la sanción que corresponda por la participación de cualquiera de éstos sujetos en actos de corrupción y relacionados con ella.


A pesar de que pudiera parecer que las acciones para el tema del combate a la corrupción y la rendición de cuentas son insuficientes, ninguna es menos necesaria o merecedora de énfasis, ya que son el camino para un fin que depende del actuar y aplicación de los valores de cada individuo, sin importar en que parte del proceso se encuentre, para lo cual podríamos aplicar una frase del Poeta Latino Horacio, la cual indica: “Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”.

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La M.D. Alejandra Jiménez Cortés es columnista e

instructora en activo del Colegio de Derecho y Comunicación



Fuentes Referenciales


Diario Oficial de la Federación. (20 de 08 de 2015). ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Electrónica. Ciudad de México. Secretaría de la Función Pública. (28 de febrero de 2017). gob.mx. Obtenido de Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983

AISLAMIENTO EN LA EJECUCIÓN PENAL

Por el Doctor en Derecho Procesal, Miguel Ángel Martínez Rodríguez
El presente trabajo, desarrolla los fundamentos normativos del aislamiento dentro de las prisiones. Primero podemos conceptualizar la palabra, que resulta de “aislar” (de isla). Esta palabra en su etimología se compone del prefijo “a” por el latín “ad” cercanía, del sustantivo “isla” y del sufijo flexivo “ar” infinitivo de los verbos. Significa finalmente apartar a alguien de la comunicación y trato con los demás (RAE).
Ahora bien, nos referiremos al Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de su Libertad en las Américas, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 31 de diciembre de 2011, que describe el aislamiento como forma de reclusión con las siguientes de:
“Aislamiento físico de una persona en su celda de 22 a 24 horas al día. En muchas jurisdicciones, donde se permite a los reclusos salir de sus celdas durante una hora para hacer ejercicio en solitario. El contacto con otras personas suele reducirse al mínimo. La reducción de los estímulos no sólo es cuantitativa, sino también cualitativa. Los estímulos al alcance y los contactos sociales ocasionales pocas veces se eligen libremente, suelen ser monótonos y raramente se producen en un clima de empatía.”
Para situarnos en la historia, podemos mencionar que el aislamiento penitenciario surgió con la primera Penitenciaría Norteamericana, la Walnut Street Jail creada en 1776, en la Ciudad de Filadelfia, y en ella se observaba el aislamiento “solitario” día y noche. Este sistema era un medio para que el individuo reflexionara y meditara al interior de la celda con la finalidad de alcanzar el arrepentimiento, sin embargo, este régimen penitenciario al igual que otros, pronto manifestó su problemática y desencanto; no obstante, su uso ha tenido un nuevo auge. Actualmente, esta práctica es utilizada en diversos contextos, incluyéndola como medida disciplinaria, de protección e internamiento cotidiano.
En México, el artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:
“Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.” 
Ahora bien, en el ámbito internacional, podemos referirnos al Principio XXII.3 de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, que señala:
El aislamiento sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como un último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos, y para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las mismas personas privadas de libertad o del personal de dichas instituciones.
Situación concordante con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (“Reglas Mandela”), que textualmente se señala en la Regla 45.1 que: “El aislamiento solo se aplicará en casos excepcionales, como último recurso, durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente, y únicamente con el permiso de una autoridad competente”. Es importante entender por aislamiento prolongado aquél que rebasa 15 días consecutivos, y éste podría considerarse contrario al fin de la pena de prisión, en virtud de que no posibilita las mejores condiciones para una vida digna en reclusión, pues esta condición puede resultar lesiva a la integridad física, psíquica y moral de la persona.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que: “Los estados de aislamiento e incomunicación son proclives a producir graves daños psicológicos y morales en las personas que son víctimas de este tipo de medidas privativas de la libertad. ” Por ejemplo, en los casos “Lori Berenson Mejía vs. Perú”, sentencia de 25 de noviembre de 2004; y “De La Cruz Flores vs. Perú”, sentencia de 18 de noviembre de 2004, la Corte planteó, en sus párrafos 103 y 128, respectivamente, que: “El aislamiento prologado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad física y moral de la persona, del derecho del respecto a la dignidad inherente al ser humano.”
Actualmente en nuestro país, en la reciente Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, establece en sus artículos del 41 al 45 lo siguiente:
“Artículo 41. La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Sólo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes:
[…]
III. Aislamiento temporal. Esta sanción sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las personas privadas de libertad, salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna del Centro Penitenciario o del personal de dichas instituciones; 
Artículo 42. Queda prohibido imponer medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el encierro en celda oscura o sin ventilación y el aislamiento indefinido o por más de quince días continuos.
Durante el aislamiento, la Autoridad Penitenciaria estará obligada a garantizar un mínimo de contacto humano apreciable por lo menos cada veintidós horas durante el tiempo que dure la medida.
Artículo 43. El aislamiento temporal no será motivo de restricción o impedimento para la comunicación con el defensor en los términos de esta Ley.
En el caso de mujeres embarazadas y de las madres que conviven con sus hijas e hijos al interior del Centro Penitenciario no procederá el aislamiento.
Artículo 44. La persona sometida a una medida de aislamiento tendrá derecho a atención médica durante el mismo y no podrá limitarse el acceso de su defensor, los organismos de protección de los derechos humanos, del Ministerio Público y de personal médico que deseen visitarlo.
Artículo 45. El Centro Penitenciario deberá realizar a las personas privadas de la libertad un examen médico antes, durante y después del cumplimiento de una medida disciplinaria de aislamiento.”
 
Ahora bien, de manera conclusiva, mencionaré las tres formas de aislamiento que se práctica según la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 
1. El aislamiento como resultado de una sanción formalmente impuesta por la comisión de una falta al régimen disciplinario es la más común y en la que se ha constatado su utilización de manera prolongada, lo que resulta contrario a los fines de la reinserción social. 
2. El aislamiento como medida de protección se aplica cuando la seguridad del recluso está en peligro. En este caso no existe una regulación que establezca los alcances de esta medida, por lo que existe una indebida aplicación, debido a que generalmente se trata de un aislamiento total, evidenciando falta de técnicas y protocolos para su adecuado manejo.
3. El aislamiento como internamiento cotidiano, el cual es consecuencia de la escasez del personal de seguridad y custodia en diversas prisiones del país, por lo que la población penitenciaria permanece aislada más tiempo en sus estancias de manera cotidiana, hasta por 22 horas al día, provocando trastornos en la salud psíquica y física del interno que se encuentra en tal situación.
 
Cabe señalar que es muy común que no haya suficiente personal de custodia que traslade a las personas privadas de la libertad a los lugares donde se encuentran los talleres, aulas, instalaciones deportivas, áreas médicas, para ejercer su derecho al trabajo, capacitación para el mismo, educación, deporte y salud, sobre la base del respeto a los derechos humanos, y al mismo tiempo, tener una vigilancia continua en esos lugares, lo que impide en gran medida su reinserción social.
 
El Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez es licenciado en derecho, maestro en administración pública; maestro y doctor en derecho procesal, además de columnista e instructor en activo para el Colegio de Derecho y Comunicación
 
Fuentes Referenciales: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (“Reglas Mandela”). Ley Nacional de Ejecución Penal. Electrónicas. Comisión Nacional de Derechos Humanos http://www.cndh.org.mx/ Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.corteidh.or.cr/ Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de su Libertad en las Américas, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos http://www.oas.org/es/cidh/ Real Academia Española http://www.rae.es/ 

La globalización o tapar el sol con un dedo

Por Hector G Ucha Gómez MDC, LLM in American Legal System

Querido Lector alguna vez ha pensado seriamente como repercute la globalización en nuestro presente? o como repercutirá en el futuro?, déjeme darle, si me lo permite un punto de vista jurídico como referencia.
La idea conceptual del Derecho dentro de la organización o estructura político administrativa de un Estado es, en términos generales, regular la organización del hombre en sociedad.

El sistema legal y regulatorio de cualquier país enfrenta un gran reto ante la globalización, los cambios institucionales, tecnológicos, comerciales, humanos, científicos entre otros, hacen que la globalización determine el derrotero de las decisiones jurídicas, políticas y económicas fundamentales de los países, no obstante lo anterior no debe perderse la idea básica del Derecho, que es el otorgamiento de Seguridad Jurídica.
En efecto, la seguridad jurídica es uno de los destinos del derecho que supone la certeza que tienen los sujetos que su situación jurídica no será modificada sino mediante la aplicación correcta de los dispositivos legales que correspondan y que están debidamente establecidos por los órganos del Estado.
La idea de los párrafos anteriores viene al caso en virtud de la necesidad de reformar, adecuar, derogar, compilar, flexibilizar y actualizar el sistema jurídico nacional de una forma tal que permita una eficaz seguridad jurídica en un mundo de normas globalizadas.
Con la modernización del sistema jurídico nacional – lo que tendría como consecuencia lógica la modernización del Estado – se aseguraría una justa y proporcionada aplicación de dispositivos legales que otorgarían seguridad jurídica a todos nosotros frente a la globalización.
El comercio internacional de bienes y/o servicios es sin duda el principal motor de la economía del mundo capitalista, los mercados nacionales de los países se conectan y vinculan mediante una logística de producción en serie y distribución adecuada y casi en tiempo real al mundo, estas circunstancias provocan que existan pocas entidades de negocios (personas físicas o morales) que solo dependan comercialmente del mercado interno o bien que su materia prima, servicios y financiamiento sean exclusivamente nacionales.
Para fomentar el desarrollo económico interno los países deben generar normas y estructuras jurídicas, económicas y financieras que fomenten el intercambio de mercancías, de transferencias de tecnología, la prestación de servicios y la atracción de inversiones que permitan incentivar la presencia de capitales extranjeros dentro de un país y así como en el comercio internacional.
Derivado de lo anterior se modificó la lex mercatoria y se crearon nuevas figuras jurídicas, se establecieron tribunales internacionales y de arbitraje internacional, las nuevas bases de la lex mercatoria son más dinámicas y acorde a las prácticas jurídicas comerciales internacionales. La consecuencia natural es el establecimiento de un nuevo orden jurídico mundial que es equivalente a un sistema jurídico interno de un País soberano
Nuestro querido México ha llegado tarde a muchos retos. Mas allá de candidatos presidenciales nuestro país tiene la obligación de integrarse a la globalización con toda energía y responsabilidad.
Actualmente nuestro país cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico.
La política de apertura de la economía llego a la cúspide con la firma del NAFTA, en ese momento diríamos que México entro a la globalización, no como una potencia, más bien como un generador de mano de obra barata como maquiladores, suministrador de materias primas a costos asequibles, sin dejar de lado la rama petrolera.
El proceso de globalización que ha experimentado México en los últimos años, ha generado reformas a la constitución que fomentan la inversión privada en rubros como ejidos, energía sustentables, en materia de inversión extranjera donde bajo la figura del consorcio se permite la participación hasta de 100% de inversión internacional en casi todos los rubros económicos.

El próximo gobierno debe entender que la globalización es un proceso mundial que afecta a todo individuo en el mundo, que este proceso de economía mundial beneficia y perjudica dependiendo del país de que se trate, que se debe acceder a mejor tecnología y a tener gente mas capacitada en todos los campos de capital de trabajo.

Créame el proteccionismo y la miopía macroeconómica dejarían a nuestro país al borde de la quiebra, la solución no son ventiladores en época de calor o tapar el sol con un dedo, la solución es aprender más y mejor.

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El M.D. en Derecho Corporativo Héctor Ucha Gómez

es columnista y representante del

Colegio de Derecho y Comunicación en los Estados Unidos.

LLM American Legal System.

 

 

 

Fuentes Referenciales:

I. GLOBALIZACIÓN, ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD JURÍDICA. UNA EXPLORACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN LOS PODERES JUDICIALES DE IBEROAMÉRICA. DR. SERGIO LÓPEZ AYLLÓN. Estudio preparado para la VIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia bajo los auspicios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos. II. LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES (DESC) EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN. JORGE WITKER. http://biblio.juridicas.unam.mx III. GLOBALIZACIÓN, JUSTICIA GLOBAL Y DERECHOS SOCIALES. DIALOGOS DE DERECHO Y POLITICA. JESÚS DAVID POLO RIVERA.Estudiante del pregrado en Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. Integrante del Semillero de investigación en Derecho Procesal: justiciabilidad de los derechos sociales, durante el año 2009. http://aprendeenlinea.udea.edu.co IV. DERECHOS SOCIALES Y GLOBALIZACION: SOLUCIONES MULTILATERALES. BRUNO FERNÁNDEZ SCRIMIERI. V. GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA: SINÓNIMO DE DESNATURALIZACIÓN TRIBUTARIA. IGNACIO CRUZ PADIAL. Profesor de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Málaga. http://www.ief.es VI. CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Globalización económica y principios tributarios”, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Cuestiones Constitucionales, número 22, sección de Artículos Doctrinales, enero-junio de 2010. VII. CASTRILLÓN LUNA, Víctor Manuel, (Coord.), “El derecho mercantil ante los retos de la globalización”, Panorama internacional de derecho mercantil, Cultura y Sistemas Jurídicos Comparados, T. I, Ed. UNAM-IIJ, México, 2006. VIII. BLANCO RAMÍREZ, Omar Sergio, (Coord.), “Retos y proyecciones del derecho mercantil o comercial frente a la globalización, Panorama internacional de derecho mercantil, Cultura y Sistemas Jurídicos Comparados, T. I, Ed. UNAM-IIJ, México, 2006. IX. AYALA ESPINO, José, “Globalización y nuevas instituciones”, Revista de Administración Pública, INAP, número 100, sección de Previa, 2000.

Compras Públicas, importancia de la investigación de mercado, como herramienta de la correcta planeación.

Por la M.D. Alejandra Jiménez Cortés

Partiendo del artículo anterior, conocemos la importancia de las contrataciones públicas en nuestro país, por lo que no menos importante es señalar que las mismas significan aproximadamente el cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, ello se traduce en el treinta y cinco por ciento del presupuesto correspondiente autorizado, (Ramírez Díaz, 2017), su importancia económica es indiscutible, ya que los recursos destinados a las contrataciones públicas representaron en promedio el 13 por ciento del PIB de los países miembros de la OCDE, de acuerdo al más reciente estudio realizado al respecto (OCDE, 2015), motivo por el cual el estudio de éste tema es tan importante.

Por ello, es menester destacar que la adecuada integración de los requerimientos de bienes y servicios requeridos, resultan ser la base medular del éxito en cada procedimiento de contratación, pues no debe alejarse de nuestra visión que dichas contrataciones se realizan con el único objetivo de cumplir una satisfacción de necesidades que se traducen en el cumplimiento de metas y objetivos específicos.

Al mismo tiempo, deben cumplirse condiciones mínimas para la integración de las investigaciones respectivas y que soportan dichas contrataciones, de acuerdo con la normatividad específica en la materia, lo cual desde un punto de vista propio, debe integrarse de forma eficiente más allá que eficaz, a efecto de obtener ese valor agregado necesario en cada acto realizado.

Simultáneamente debemos resaltar que por una parte, existe la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas (LOPSRM) para aplicación de las Unidades Administrativas de la Presidencia, Dependencias, Entidades, Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Lo anterior, sin menoscabo de que las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en dicha Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control; se regirán por lo dispuesto en las Leyes de referencia; lo cual significa que ya sea que se atengan a las disposiciones de observancia general o particular, deben seguirse ciertos criterios en la materia.

Ahora bien, entrando en materia sustancial de la integración de las investigaciones de mercado, debemos tomar en consideración que a la fecha, no existe alguna metodología establecida para la conformación de las mismas, sin embargo, atendiendo a lo señalado por las recomendaciones de la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica, 2016), el tema de la planeación en las contrataciones públicas parte de la adecuada y precisa determinación de las especificaciones de los bienes o servicios requeridos, desde una perspectiva de requisitos técnicos mínimos y desempeño funcional, que permitan satisfacer las necesidades de contratación previamente identificadas.

En este mismo orden de ideas, contamos con la Plataforma de Compras Gubernamentales denominada “COMPRANET”, a través de la cual todo aquel sujeto obligado a llevar sus procedimientos de contratación al amparo de las LAASSP y la LOPSRM, debe realizar su difusión por medio de dicha herramienta, en la que podemos acceder de forma libre, es decir, no genera ningún costo la consulta o incluso la incorporación como potencial proveedor a la misma. La cual nos servirá como una fuente importante de información en la integración de nuestras investigaciones de mercado, toda vez que se trata del medio en donde se llevan a cabo todos (al menos debieran) los procedimientos de contratación de la Administración Pública Federal.

Otra de las fuentes primordiales, son los registro de organismos especializados, por ejemplo, en el supuesto de una contratación de Asesoría externa en materia de seguros, podríamos acudir a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para consultar la calificación de los agentes acreditados, las multas y sanciones interpuestas a efecto de conocer cuáles son los posibles documentos a solicitar a los participantes y que se evaluarían en el procedimiento respectivo, lo cual si bien no en todas las materias existen, en su gran mayoría podremos ubicar al menos un organismo o institución especializada en la materia que podría ser de suma importancia en cuanto a la información que ofrece, lo cual podría significar una modificación en la toma de decisiones respecto al proceso mismo.

Una más de las fuentes consultables en una investigación de mercado, es la solicitud de cotizaciones a diversos proveedores en el mercado, el directorio que se genere puede ser integrado con base a las anteriores fuentes indicadas. Las solicitudes de cotización nos brindarán la posibilidad de conocer las condiciones actuales de los bienes o servicios requeridos, el costo reciente de los mismos, su existencia en el mercado, el tiempo de entrega o atención, la cantidad de proveedores interesados, así como otros aspectos fundamentales para la integración de los términos y condiciones finales a contratarse.

Dicho de otra manera, la adecuada integración de los requisitos necesarios para la satisfacción de las necesidades específicas de la Administración Pública es primordial, así como realizar un mercadeo minucioso y detallado, lo cual puede significar el éxito de un procedimiento de contratación, ya que si conocemos el mercado al que aplicamos, sabremos las características necesarias del procedimiento de contratación en particular.

Por ejemplo; si los bienes o servicios existen o no en el mercado nacional, a efecto de determinar el carácter del procedimiento; si los proveedores ofrecen garantías de cumplimiento y calidad o no, para saber si será un requisito indispensable de participación; si existe un campo de proveeduría de más de cinco posibles ponentes o no, para saber el tipo de procedimiento idóneo a realizarse; conocer el tiempo de entrega promedio de los bienes y/o servicios requeridos, las características actuales de los mismos, entre otros, podría incluso mostrarnos los elementos a calificar en la evaluación a aplicar.

Dicho lo anterior, veremos que es de gran importancia realizar la planeación correcta de nuestros procedimientos de compra, a efecto de que los interesados en participar encuentren atractivo el campo al cual van a adentrase, y formen parte de esos procedimientos que circulan los recursos públicos utilizados en su contratación, cerrando de tal forma un ciclo económico para el mercado potencial.

De igual forma, no debemos soslayar que la eficiencia e integridad de los servidores públicos involucrados en las contrataciones públicas se advierte vulnerable ante actos de corrupción, por lo que los organismos revisores se han enfocado a la atención de garantizar que los recursos públicos se gasten de manera eficaz y equitativamente.

Conviene subrayar que uno de los principios fundamentales en las contrataciones públicas es el de Máxima Transparencia, como un principio rector del derecho de acceso a la información, a efecto de lo cual, como habíamos señalado el sistema CompraNet es la plataforma por medio de la cual se llevaran a cabo todas las contrataciones de la Administración Pública Federal, por lo que es de gran relevancia conocer el manejo de la misma, sin embargo será materia de un artículo independiente, ya que lo que nos ocupa por el momento, es la integración de las investigaciones de mercado.

De vuelta a nuestro tema, las investigaciones de mercado deben realizarse en las mismas condiciones en cuanto a los plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios; la moneda a cotizar; la forma y términos de pago; las características técnicas de los bienes o servicios, y las demás circunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre bienes o servicios iguales o de la misma naturaleza (artículo 30 del Reglamento de la LAASSP), como ideal, por medio de un área especializada solo en su integración o bien por personal capacitado en el tema, a efecto de que las investigaciones se lleven de forma homologada y en congruencia con las necesidades de las áreas requirentes.

Hecha esta salvedad, podemos concluir que a efecto de proporcionar las herramientas enfocadas a las mejores prácticas tanto nacionales como internacionales, para obtener certera en las decisiones de compras dirigidas a optimizar los procesos de contrataciones públicas, obteniendo así las mejores condiciones para el Estado, garantizando al mismo tiempo la transparencia e integridad debida, la adecuada integración de los términos y condiciones de los bienes a adquirir o servicios a contratar es primordial, ya que conducirá en consecuencia; a una correcta integración de investigación de mercado.

Consecuentemente, en el caso de las organizaciones públicas, la investigación de mercados contribuye a una mejor comprensión del entorno que les permite tomar mejores decisiones de tipo económico, político y social (Benassini, 2009), bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados los recursos económicos, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y calidad.

Por lo que con independencia de la metodología homologada, debe verse cada caso en particular como único y precedente de subsecuentes contrataciones, con la visión de que la planeación es un factor preponderante para el éxito en todos los ámbitos de la vida humana, a efecto de lo que me parecería acertado al caso particular, citar unas palabras del gran Albert Einstein:

“Sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido; carecería de significado el que usted describiera a la sinfonía de Beethoven como una variación de la presión de la onda auditiva“.

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La M.D. Alejandra Jiménez Cortés es columnista e

instructora en activo del Colegio de Derecho y Comunicación

 

Fuentes referenciales:

(s.f.). Ley de Adquisicines, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Vigente. (s.f.). Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, Vigente. Benassini, M. (2009). Introducción a la investigación de Mercados , Introducción a la Investigación de Mercados -Enfoque para América Latina- (2ª ed. ed.). Naucalpan, México: Pearson Educación. Comisión Federal de Competencia Económica. (mayo de 2016). Recomendaciones para promover la competencia y libre concurrencia en la contratación pública. Recomendaciones para promover la competencia y libre concurrencia en la contratación pública. Ciudad de México: COFECE. OCDE. (2015). Government at a Glance. Obtenido de http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4215081e. Ramírez Díaz, J. (2017). México: ¿Compras públicas de innovación? Diario El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jesus-ramirez-diaz/nacion/mexico-compras-publicas-de-innovacion.

El Ciclo Presupuestario de las Contrataciones Públicas

Por la M.D. Alejandra Jiménez Cortés

El tema de las contrataciones públicas en nuestro país, es parte de nuestro día a día, parte primordial y sustantiva de las notas periodísticas diarias, quien no ha escuchado hablar por ejemplo de las contrataciones con odebrech, las sanciones a farmacéuticas por la entrega inadecuada de medicamentos, o cualquier otra cantidad de notas como éstas, pues bien; ahora necesitamos hablar de las contrataciones como parte del Ciclo Presupuestario de nuestro país para así, entender la importancia de la adecuada utilización de los recursos púbicos en las compras gubernamentales lo cual es diverso a la adecuada ejecución de los contratos subyacentes de éstos.

En primera instancia, es menester indicar las etapas del citado Ciclo en cuestión, el cual consta de 7 fases: 1) Planeación, 2) Programación, 3) Presupuestación, 4) Ejercicio y Control, 5) Seguimiento, 6) Evaluación y, 7) Rendición de Cuentas. En Este mismo orden de ideas, no debe soslayarse que las compras gubernamentales se llevan a cabo con parte del presupuesto otorgado a las Dependencias, Entidades o Empresas Productivas del Estado, como gasto corriente o de inversión, motivo por el cual sigue la secuencia del Ciclo Presupuestario que hemos mencionado, en su propia y especial naturaleza.

Consideremos ahora que como todo proceso, las contrataciones públicas buscan un objeto, “la satisfacción de necesidades específicas”, lo cual se lleva a cabo por medio de procedimientos definidos, competidos o directos, derivados del resultado de una investigación de mercadeo que ayuda a delimitar el campo de acción y las condiciones específicas de los bienes, servicios, obras públicas o servicios relacionados con las mismas, mismos que se encuentran establecidos en alguna disposición de carácter especial y obligatoria.

Simultáneamente debe indicarse que, la optimización de las contrataciones públicas es parte de la Estrategia Transversal “Gobierno Cercano y Moderno”, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, lo cual tiene su origen en el segundo de los considerandos del Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018:

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece cinco Metas Nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, cuyos objetivos específicos se alcanzarán a través de una serie de estrategias y líneas de acción concretas, y sus resultados serán medidos y evaluados con base en indicadores. Asimismo, el Plan incluye tres Estrategias Transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género, cuyas líneas de acción deben incluirse en todas las políticas públicas y deben reflejarse en los programas que derivan de dicho Plan; (Diario Oficial de la Federación, 2013)

Dicho lo anterior, pasemos a la aplicación de las fases del Ciclo Presupuestario de las compras gubernamentales, a fin de entender el flujo de los recursos públicos en ellos inmersos.

Como se ha indicado con antelación, la vinculación de las contrataciones públicas con el ciclo presupuestario es estrecha, pues uno emerge del otro, por tal motivo, iniciemos con la Planeación, ésta etapa tiene como propósito que cada peso asignado sea orientado a la obtención de resultados desde una óptica estratégica, operativa y participativa, partiendo de una visión clara de los objetivos. Al realizar la planeación del presupuesto y su utilización, se debe considerar la situación económica del país, considerando, entre otras cuestiones, la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para tomar decisiones y conocer los posibles riesgos para la estabilidad y el crecimiento económico, como el precio del barril de petróleo, tipo de cambio del dólar, inflación, tasa de interés internacional y crecimiento de Estados Unidos, ello tomando como base el carácter del procedimiento que pretenda emplearse, nacional, internacional abierto o internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio.

En cuanto a la Programación, debe destacarse que los recursos públicos siempre son limitados, por lo que deben etiquetarse correctamente para atender las necesidades a las cuales fueron destinadas en la Planeación; es decir; en esta etapa se definen los bienes y servicios necesarios lo que da paso a la fase de Presupuestación; misma que describe la cantidad, distribución y destino de los recursos obtenidos derivado de las dos fases anteriores, con lo cual hemos terminado la primera mitad del ciclo, lo que podríamos catalogar como las etapas previas y fundamentales de cualquier proceso de compra.

Prosigamos con el Ejercicio y Control, una vez que ya contamos con el presupuesto autorizado, se llevan a cabo los procedimientos de contratación competidos o no, derivados de una investigación de mercado, siguiendo las medidas de austeridad emitidas por el Ejecutivo Federal, dentro de las que destacan: la no adquisición de vehículos, salvo aquéllos indispensables para prestar servicios públicos a la población, así como la realización de contrataciones consolidadas de materiales, suministros y servicios, siempre que asegure ahorros y las mejores condiciones en calidad, precio y oportunidad, entre otros; donde el control se refiere al logro de resultados, así como a promover un ejercicio de los recursos eficiente. Ésta es la fase en la cual descansan de inicio a término, los procesos de compra por medio de los diferentes procedimientos previstos para tales hechos.

Haciendo un pequeño paréntesis en ésta fase, resulta importante destacar las etapas de los procedimientos de contratación, a efecto de lo cual realizaré una breve síntesis de éstos, englobando las características generales y aplicables a todos los casos.

Pues bien; todo procedimiento inicia con la publicación de su convocatoria o entrega de la primera invitación, en donde se establecen los términos y condiciones a seguir para participar en el juego, se contempla un calendario de eventos dentro de lo cual se indica una o varias juntas de aclaraciones, que es la etapa en la que los participantes podrán plantear sus dudas e incluso realizar propuestas de modificaciones a dichos términos y condiciones, serán atendidos por los servidores públicos facultados para ello y, una vez atendidas las interrogantes, se procede a la etapa de presentación de propuestas técnicas y económicas, mismas que serán evaluadas por los servidores públicos señalados por medio de la metodología señala en las bases, para posteriormente dar paso al fallo en el cual se dará a conocer el participante ganador.

En pocas palabras, lo referido es una breve e incluso burda condensación de las etapas de un procedimiento competido, lo cual obedece a que sería tema de una columna completa su análisis, sin embargo consideré importante destacar que se trata de un subproceso, dentro de la fase del Ejercicio y Control del presupuesto, para enfatizar la importancia de la eficiencia de la realización del mismo.

Continuando damos paso ahora a la fase de Evaluación, la cual constituye el mecanismo por excelencia para generar una retroalimentación que proporcione viabilidad al mejoramiento de la gestión realizada, en general la evaluación permite entre otros: a)Mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, b)Aprender de la experiencia y, c)Tomar mejores decisiones. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005). Lo anterior, con el objetivo de que las evaluaciones sean verdaderamente objetivas y utilizadas en la mejora de los programas, realizadas en su mayoría por evaluadores externos expertos en la materia.

Hay que mencionar además que existen diversos tipos de evaluaciones de las cuales podemos destacar: i)Diseño, se refiere a la consistencia entre diseño y normatividad aplicable y complementos con otros programas, ii)Consistencia y Resultados, contempla analizar sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados., iii)Procesos, analiza mediante trabajo de campo si lleva a cabo un proceso operativo de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión, iv)Impacto, identifica con metodologías rigurosas si hubo cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa, v)Específica, se enfoca en aspectos específicos de un programa y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo y, vi)Estratégicas, se aplican a las estrategias de políticas e instituciones de un programa o conjunto de programas.

Para terminar, llegamos a la Rendición de Cuentas, la cual se encuentra estrechamente relacionada con lo señalado en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, Estrategia Transversal, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece como uno de sus objetivos impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas. En él, el gobierno muestra su determinación para contar con un gobierno eficiente, eficaz, innovador y transparente, por medio del uso de la tecnología y la participación ciudadana.

Como ha quedado de manifiesto, el ciclo presupuestario en sus siete fases, involucra, entre otros, los procesos de compras gubernamentales, los cuales a su vez cuentan con una seria de etapas que deben realizarse con la debida planeación que brinda la adecuada identificación de necesidades a satisfacerse, mismos que se traducen en bienes y servicios (satisfactores).

Por ello, indiscutiblemente el éxito de cualquier proceso de contratación radica en la adecuada integración de su investigación de mercado, ya que en ella se podrá advertir el campo de acción a explotar, si se encuentran o no en el mercado los satisfactores buscados, el precio preponderante de los mismos, el origen de ellos, nacionales o internacionales, el plazo de entrega o prestación de servicios, la posibilidad de solicitar garantías de cumplimiento, la posibilidad de utilizar el abastecimiento simultáneo, entre otros tantos aspectos; por lo que como parte de la fase de Planeación, es de imperante importancia enfatizar en su adecuada integración.

Una vez obtenido el resultado de la investigación de mercado debidamente integrada, se debe realizar un procedimiento competido o directo, siguiendo estrictamente las formalidades previstas en la normatividad en la materia, respetando plazos mínimos y máximos y siempre por medio de la herramienta electrónica establecida para tal efecto, estableciendo el tramo de responsabilidad correspondiente de las Unidades Administrativas involucradas, como lo son el Área Requirente, el Área Técnica y el Área Contratante.

Dicho brevemente, ya tuvimos una adecuada investigación de mercado, un concurso de contratación conforme a las normas, en consecuencia, lo posterior es una adecuada y eficiente ejecución de los contratos, iniciando con la formalización del mismo en tiempo y forma, el óptimo ejercicio de las funciones del proveedor en la prestación de los servicios o entrega de bienes, mediante la verificación por parte del servidor público como administrador de cada contrato, de los tiempos de entrega, la aplicación de penalizaciones y/o deductivas, el pago en tiempo y forma al proveedor, el finiquito en los supuestos en los que corresponda, la devolución o en su caso; la aplicación de las garantías y no menos importante, la debida documentación de todo ello en el expediente correspondiente.

Consideremos ahora que, la evaluación de los contratos se lleva a cabo por diferentes agentes tanto internos como externos, ya sea por medio del sistema de compras gubernamentales denominado CompraNet, por medio de auditoría interna o un auditor externo, como por ejemplo la Auditoría Superior de la Federación, ello desencadenada una rendición de cuentas, con lo que cerramos el ciclo.

En conclusión podemos señalar que la aplicación de los recursos púbicos, debe buscar siempre la atención de los satisfactores inmediatos, en un ambiente de austeridad y racionalización del gasto público, para utilizar el dinero del gobernado eficientemente, es decir, llegar más allá de los objetivos a los cuales fueron destinados originalmente, a efecto de logar ser más eficaces que eficientes.

De donde resulta que el problema no radica en la inadecuada aplicación de las normas, tampoco se trata de la existencia de programas ineficaces, ni es que se quede corto el programa al cual se encuentra encaminada la rendición de cuentas, el problema es el factor humano, los antivalores con los cuales cuentan algunos mal denominados servidores públicos, aquellos que encuentran la forma de realizar investigaciones de mercado a la medida para manejar el resultado a su favor cayendo así, en un conflicto de interés ya que solo buscan el beneficio propio, manejando las normas a su favor.

De modo que, el problema no radica en la inadecuada aplicación de las normas, tampoco se trata de las existencias de programas ineficaces, ni es que se quede corto el programa al cual se encuentra encaminado la rendición de cuentas, el problema es el factor humano, los antivalores con los cuales cuentan algunos mal denominados servidores públicos, aquellos que encuentran la forma de realizar investigaciones a la medida para manejar el campo a su favor y obtener ganancias cayendo así, en un conflicto de interés ya que solo buscan el beneficio propio.

Exploremos un poco la idea de que el problema no se encuentra en la necesidad de una sobre regulación, de más candados o elementos de seguridad, se trata de la adecuada educación, de inculcar y tatuar en la mente de aquellos que forman parte del sistema, los principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función: a)Legalidad, b)Honradez, c)Lealtad, c)Imparcialidad y d)Eficiencia, para lo cual encuentro en demasía adecuada la frase de Gary Zukav:

“Cuando te comprometes profundamente con lo que estás haciendo, cuando tus acciones son gratas para ti y, al mismo tiempo, útiles para otros, cuando no te cansas de buscar la dulce satisfacción de tu vida y de tu trabajo, estás haciendo aquello para lo que naciste”.

alejandra-cortez

La M.D. Alejandra Jiménez Cortés es columnista e

instructora en activo del Colegio de Derecho y Comunicación

http://www.coldercom.com

Fuentes Referenciales:

Diario Oficial de la Federación. (13 de Agosto de 2013). Diario Oficial de la Federación. Obtenido de http://www.dof.gob.mx/ Ortegón, E., Pacheco, J. F., & Prieto, A. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Naciones Unidas: Naciones Unidas.