Por el Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
La práctica jurídica, desde interponer una demanda, ofrecer pruebas, obtener una sentencia y ejercer el derecho de recurrir, al menos en las últimas dos décadas ha cambiado exponencialmente. Podemos referir que la operación de la abogacía y de los juicios se ha modificado de acuerdo con la implementación de diferentes y nuevos sistemas de justicia en México; sin embargo, consideramos que en los últimos años se acelerará este cambio por diversas causas.
Primero observamos que, existen diferentes corrientes de especialistas que sugieren que la finalidad estructural del juicio tradicional, donde sólo una de las partes vencerá, se convierta en un juicio integrador, que concilien las partes y puedan no solo esclarecer los hechos y las pretensiones, sino que además pueda reconstruir el tejido social; debido a la realidad social en México que tienen que ver con la violencia y el incremento de los delitos.
Por otro lado, sabemos que existe corrupción en gran parte de las etapas del sistema de justicia. No podemos soslayar estos hechos que suceden diariamente en la vida jurídica de nuestro país, si bien no es cuestión solo del nuestro, si son muy evidentes. Desde una visión metafísica de los conceptos de unidad y orden de la teoría tripartita del Derecho (Riofrío, 2014), podemos mencionar que la corrupción es una forma de organización y operación, que irrumpe en la unidad del Estado, ya que, es frecuente encontrar actos de corrupción en la policía de tránsito de un municipio, hasta altos funcionarios de tribunales federales, en los medios de información que evidencian esta forma de operar constante.
Pero regresando a los sistemas de justicia, el tema de la justicia retributiva sigue siendo el tema de ganar y perder. Ganar principalmente algún teme económico o evitar algún castigo, por lo que, el tema material es el tema central de la organización de este tipo de justicia. Por otro lado, la justicia restaurativa y su implementación como solución a la violencia e incremento de los delitos, sigue siendo un reto en nuestro país y hemos visto pocos avances. La cultura de ganar, no perder y evitar un castigo en una confrontación legal, es un tema de la causa eficiente (García, 2015) del sistema jurídico.
La propiedad privada sigue siendo la base de la estructura de la justicia. Hoy los servicios de las aseguradoras como intermediarias de los conflictos, han sido una buena herramienta para quienes tiene el poder económico de pagarlos. Sin embargo, deja atrás a quienes no lo tiene. Los grandes litigios se han caracterizado por los grandes intereses económicos, contrario en los que se están analizando derechos en beneficio de todos. Estos grandes litigios económicos son los más atractivos para los operadores jurídicos en los juzgados.
Es una realidad que policías, abogados, fiscales, jueces, peritos y los mismos ciudadanos, debemos de concientizar la consecuencia de tener un sistema de justicia corrupto que, hoy no puede contener la fuerza de la delincuencia organizada transnacional que amagan con la violencia para continuar sus operaciones debilitando el Estado mexicano. Ni un sistema de justicia distributiva será suficiente, si no se constituye un Estado de derecho eficiente y transparente, más allá de políticas populistas y obscuras.
Finalmente, debemos mencionar, que las tecnologías de información y comunicación (TICs), son una realidad en la justicia. Estamos en un mundo tecnológico y su desarrollo en el sistema de justicia no es la excepción. Cabe cuestionarnos, ¿actualmente confiamos más en las TICs, que en el trabajo de los funcionarios en diferentes áreas del gobierno? Es importante reflexionar que, si es así, estas pueden ser utilizadas para contrarrestar la corrupción en México. Por ejemplo, diariamente, los seres humanos confiamos en las aplicaciones bancarias en nuestro teléfono inteligente, tanto que ya cada vez hemos dejado de interactuar con los empleados bancarios.
¿Llegará el momento que confiaremos más en un algoritmo de una aplicación del poder judicial que, en las propuestas obscuras de funcionarios tétricos de los tribunales, que ofrecen acuerdos con la firma del juez en el sentido que deseemos, previo pago obviamente, como en el caso reciente que se hizo público, por la liberación de un detenido (Mochomo) involucrado en el caso de los 43 de Ayotzinapa?
Albert Einstein afirmó alguna vez: “Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad”, sin embargo, podemos agregar que maravillosamente está a nuestro servicio. Desarrollar tecnologías en el campo jurídico procesal es inexcusable.
El Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez es licenciado en derecho, maestro en administración pública; maestro y doctor en derecho procesal, además de columnista e instructor en activo para el Colegio de Derecho y Comunicación.
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FUENTES REFERENCIALES
https://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/4555/3816; https://www.redalyc.org/pdf/3611/361146065001.pdf; https://www.animalpolitico.com/2020/07/suspenden-a-secretario-del-juzgado-que-dejo-libre-al-mochomo/.
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